Mediante el D. Leg N.° 1739 se incorpora al Código Penal el art. 409-C, que sanciona a los funcionarios o servidores públicos que filtren o revelen información reservada en investigaciones por extorsión, secuestro o sicariato, como el contenido de denuncias, la identidad del denunciante con reserva y diligencias policiales o fiscales antes de su ejecución.
La pena va de 5 a 7 años, y se agrava a 7 a 10 años si se frustra una diligencia, se pone en riesgo al denunciante, se mercantiliza la información o llega a una organización criminal.
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