El Pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen que busca fortalecer la función policial y militar, estableciendo que los miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas sean investigados y procesados por la jurisdicción militar-policial cuando los hechos ocurran en acto de servicio o con ocasión de este.
La iniciativa, impulsada por el congresista Alejandro Muñante, plantea modificaciones al Código Penal Militar Policial — Decreto Legislativo N.° 1094 y al Código Procesal Penal — Decreto Legislativo N.° 957, con el objetivo de reforzar el principio del juez natural, el debido proceso y la seguridad jurídica del personal que cumple funciones de defensa, orden interno y seguridad ciudadana.
Entre los principales puntos del dictamen se encuentra la precisión del denominado delito de función, entendido como aquellas conductas ilícitas cometidas durante el servicio o con ocasión de este, siempre que afecten los fines institucionales de la PNP o de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, la propuesta incorpora cambios vinculados al principio Non Bis In Idem, con la finalidad de evitar que un efectivo sea perseguido dos veces por los mismos hechos en distintas jurisdicciones.
Otro aspecto relevante es la modificación de las reglas de competencia jurisdiccional, estableciendo la prevalencia de la jurisdicción militar-policial en los casos relacionados con el cumplimiento de la función policial o militar.
El dictamen también contempla la incorporación de la cadena perpetua para casos de traición, cuando un integrante de las fuerzas del orden, aprovechando su cargo, colabore con organizaciones criminales y dicha conducta ocasione la muerte de personas.
Al tratarse de una aprobación en primera votación, la propuesta aún debe continuar el trámite parlamentario correspondiente antes de convertirse en ley.
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