Mediante el Texto Sustitutorio recaído en los Proyectos de Ley 8507/2024-CR y 8959/2024-CR, el Congreso aprobó sanciones severas para jueces y fiscales que liberen, sin fundamento legal, a personas detenidas en flagrancia por la PNP o bajo arresto ciudadano por delitos cuya pena supere los cinco años.
Esta nueva norma refuerza la lucha contra la criminalidad organizada y establece penas de 8 a 12 años de cárcel para quienes incurran en este tipo de conductas.
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