El Congreso aprobó en primera votación, mediante el Proyecto de Ley 6758, la modificación del Código Penal para tipificar la amenaza como delito, con penas de hasta 4 años de cárcel, especialmente si se realiza con armas, por medios tecnológicos o contra personas vulnerables.
Esta medida busca prevenir delitos como la extorsión y proteger la integridad de las personas.
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