Ambas instituciones se han pronunciado públicamente contra la norma que permite que jóvenes de 16 y 17 años sean juzgados y sancionados como adultos por delitos graves.
El Poder Judicial y el Ministerio Público consideran que esta medida viola la Constitución y tratados internacionales al desconocer los derechos y la condición especial de los adolescentes. También advierten que representa un retroceso en la protección de la niñez y afecta su derecho a la reinserción social.
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